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Facturas falsas, Hackers, imprentas y vendedores

Martes 1ro de diciembre de 2009, por Guido Rosales Uriona - GRU, Sergio


El negocio ilícito de estas papeletas fiscales mueve miles de bolivianos al día. Hay clanes que operan en distintas zonas de la ciudad de La Paz. El Servicio de Impuestos Internos está tras las huellas de los “pesos pesados” de estas organizaciones

¿ Alguna vez ha necesitado facturas para los descargos mensuales del RC-IVA en su empresa, para que así no le descuenten el 13 por ciento de su sueldo? Si su respuesta es sí, ¿alguna vez se ha animado a comprar facturas “truchas” o “clonadas” y ha merodeado la calle Ballivián esquina Loayza de la urbe paceña para acceder a ellas? Es que precisamente en las afueras de las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) uno puede toparse con un grupo de vendedores de estas papeletas fraguadas. Un negocio ilícito que mueve miles de bolivianos diarios.

Pero los comerciantes son sólo el eslabón visible de una cadena en la que están involucradas imprentas y hasta “piratas informáticos”, más conocidos en el ámbito mundial como hackers. El ente estatal sigue las huellas de los “pesos pesado” de estas organizaciones que operan en un rubro en pleno auge, ya que, según los cálculos oficiales, 90 por ciento de los empleados públicos y privados compran facturas truchas o clonadas. Ante esto, la entidad recaudadora alista una serie de medidas extremas para dar batalla en esta guerra sin cuartel.

De todo un poco

El pago por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) surgió el 20 de mayo de 1986 por mandato del Decreto 21060. Es un impuesto al ingreso personal y grava: compensaciones en dinero o especie, sueldos y salarios, jornales, horas extras, bonos, primas, premios, dietas, viáticos, anticresis, honorarios a miembros del directorio de sociedades anónimas, interés por préstamos de dinero o depósitos bancarios, ingresos a personas contratadas por el sector público, alquiler de muebles e inmuebles…

La ingeniera Karen Ponce Torca explica que los sujetos pasivos en los que recae este gravamen son principalmente los empleados públicos o privados, a través del “agente de retención” o empleador. Éstos pueden disminuir el 13 por ciento del monto de retención por RC-IVA con la presentación mensual de facturas, notas fiscales o recibos de alquiler a su nombre. Este descargo es realizado a través del Formulario 110, para los que perciben ingresos menores a 5.000 bolivianos al mes, y para los que superan esta cifra, también mediante el Sistema de Facturación Da Vinci.

El Da Vinci se encarga de cruzar la información inscrita en las facturas presentadas por los empleados con los registros que elevan las empresas a Impuestos Nacionales, que contienen los códigos de sus facturas emitidas. Este proceso tiene la misión de desenmascarar los valores falsos, o sea, aquellos que simulan un gasto inexistente. Primero a los “truchos”, aquellos que difieren en uno o varios caracteres con el Número de Identificación Tributaria (NIT) de las facturas legales de una compañía.

Pero existen facturas que emplean el NIT original de una firma y para identificarlas se debe recurrir a la “triangulación” de otros datos, como la fecha de emisión de la factura, su monto y el nombre del cliente. Éstas se denominan “clonadas”. El interesado puede pagar entre 1 y 5 por ciento del valor de la factura “trucha” o “clonada” a los vendedores. Es decir que si busca una por 1.000 bolivianos, debe cancelar entre diez y 50 bolivianos por ella. Lógicamente, las “clonadas” son las más demandadas y las más caras del mercado.

Los comerciantes de estas papeletas fraguadas pueden trabajar de manera individual o en grupos. Pueden hacer las entregas a pedido, las pueden ofertar en calles, en oficinas de empresas públicas y privadas o por teléfono. Los más conocidos en la urbe paceña merodean el Servicio de Impuestos Nacionales, en la calle Ballivián, a la par de los transcriptores de formularios de contribuyentes en la zona Central.

Muchos ya están fichados por el equipo de Inteligencia del ente recaudador y se intenta a través de ellos ubicar a los “peces gordos” de la compraventa de estos valores y a las imprentas involucradas. Sin embargo, no se dejan de lado los operativos para detener a estas personas, para atraparlas “con las manos en la masa” tras una investigación previa. Aunque existe plena confianza en que el Sistema de Facturación Da Vinci puede lidiar con este tipo de facturas.

La presidenta ejecutiva interina del Servicio de Impuestos, Marlene Ardaya Vásquez, informa que en el último quinquenio se implementaron cinco operativos por año para dar con estos vendedores. De diez procesos legales instalados, dos terminaron con las involucradas en este rubro tras las rejas: uno terminó en seis años de prisión para Dora Rodríguez Gutiérrez, y otro, en tres años de presidio para María Illimori de Villavicencio, por uso de instrumento falsificado; ambas pagaron daños y perjuicios al Estado.

Pero hay un caso que ha activado la alerta de Impuestos. Sucedió en agosto, en la ciudad de Santa Cruz, cuando la División de Delitos Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvo a un ex policía con tres bolsas llenas con facturas adulteradas. Ello derivó en el allanamiento de dos imprentas: Offset Color y Copy Graf, donde se hallaron placas para imprimir facturas de unas 30 compañías, entre ellas Daher, Casa Asbún, Grupo Ribepar, Ferrotodo, hotel Asturia, Importadora Monterrey.

Se imputó al ex uniformado falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, y se determinó su arresto domiciliario. Las facturas descubiertas pueden llamarse “clonadas” de no ser por una característica peculiar: podrían pasar sin problemas los controles y la “triangulación” de datos del Da Vinci, aparte de que figurarían en los registros de facturas emitidas de las empresas cuyos nombres llevan impresos. Unas “obras de arte” que serían confeccionadas por clanes delictivos que contratarían los servicios de “piratas informáticos”, más conocidos como hackers.

¿Cómo operaría esta cadena? De acuerdo con fuentes de Impuestos, tendrían similar conformación que los comerciantes de facturas “truchas” o “clonadas”. El proceder de estas cofradías fue parcialmente develado tras la detención del año pasado de cinco vendedores en la calle Ayacucho de la ciudad paceña, con papeletas fraguadas por un valor de 1,8 millones de dólares. A continuación, Domingo le presenta estos datos, más otros proporcionados por Ardaya.

La cadena falsificadora

El primer eslabón está integrado por los “mayoristas”, los que acceden a información “clasificada” para la elaboración de las facturas adulteradas, mediante la contratación de personal especializado. Son los que arman el clan y tienen contactos para vender los valores. La segunda pieza del engranaje son las imprentas legales y las clandestinas que, según las fuentes, han comenzado a independizarse de los “mayoristas”. Ambos buscan la ayuda de un tercer actor para acceder a datos confidenciales y limpiar las huellas del fraude: los hackers, que vulnerarían los sistemas informáticos de las compañías para inscribir las facturas falsas como legales en sus registros o libros.

¿Y estos “piratas” pueden ingresar en el sistema de Impuestos? Ardaya desecha ello y asegura que el sistema de la entidad recaudadora es “invulnerable”, con altos índices de confiabilidad, por lo cual fue reconocido internacionalmente como tal. Sin embargo, no puede “poner las manos al fuego” por los sistemas de las empresas. Las fuentes del sector afirman que muchas pueden ser filtradas por los hackers, y Ardaya dice que la información impositiva clasificada de éstas puede ser conseguida por varias “aristas”: sus empleados, contadores e imprentas autorizadas para imprimir facturas.

¿Cómo pueden verse perjudicadas estas firmas atacadas por los hackers? Las fuentes del Servicio de Impuestos Nacionales explican que los registros de las facturas fraguadas que son insertados por los “piratas” en los libros de las compañías incrementarían el monto de los ingresos de éstas, y por ende, tributarían más sin darse cuenta de lo que pasa. Ardaya, por ejemplo, cuando se descubrió el caso del ex policía aprehendido en Santa Cruz, atinó a decir que las más dañadas con el hallazgo de las facturas “clonadas” eran las casi 30 compañías que tenían sus nombres en las papeletas.

Pero todo no acaba ahí. Falta un eslabón importante de la cadena, el último, el formado por los que corren más riesgos de ser atrapados por los agentes, los vendedores de facturas falsas, que son considerados por las fuentes entrevistadas como “marionetas” del proceso. Por ejemplo, uno de los cinco detenidos en el operativo del año pasado en La Paz comentó a los investigadores que ingresó en el ruedo mediante una solicitud de empleo y la idea de tener un sueldo fijo. Es que los comerciantes o reciben un porcentaje del valor de las facturas vendidas o un salario mensual.

Ardaya señala que éstos operan en las calles paceñas en grupos de entre dos y seis integrantes, de manera organizada, con sistemas de alerta, y su entidad redobla esfuerzos por desenmascararlos, al tener limitaciones en recursos humanos, aunque las pesquisas siempre dieron buenos resultados. El responsable de Prensa del Servicio de Impuestos Nacionales, Óscar Santi, arguye que hace cuatro años los vendedores de facturas falsas rodeaban como “abejas” las calles aledañas a su institución, pero después de la fiscalización y las correspondientes sanciones y sentencias, esta presencia disminuyó hasta en 70 por ciento.

No obstante, Ardaya establece que generalmente las averiguaciones de su equipo de Inteligencia son vanas, porque los vendedores aprehendidos son liberados por la justicia, con medidas sustitutivas. En otros casos, revelan las fuentes consultadas, se intentó a través de ellos acceder a las imprentas involucradas, pero éstas aparecieron cerradas, cambiaron de dueños o de dirección. Por ahora se sabe que estos comerciantes, en La Paz, frecuentan la calle Ballivián, la avenida Mariscal Santa Cruz —donde se sitúa la Mutual La Primera—, la calle Mercado y las puertas de la Empresa de Correos de Bolivia.

Estos personajes incluso rotan de sitio para “marear” a los investigadores. Y según lo revelado por las cinco detenciones del año pasado en la urbe paceña, al final de cada jornada laboral se reportan en las imprentas para “depositar” el dinero conseguido. Aparte, comercializan facturas con montos que fluctúan entre los 300 y 1.500 bolivianos y hasta manejan papeletas con valores en dólares, para clientes especiales. Todos los clanes se encuentran integrados por miembros “de absoluta confianza”.

Los planes en la mira

Los involucrados en estas organizaciones incurren en los siguientes delitos del Código Penal: falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de sello y papel, cada uno de éstos con una pena de seis años de privación de libertad. Pero los importantes ingresos económicos que obtendrían los eslabones de la cadena hacen que este rubro continúe vigente desde 1987, cuando fue aprobada la vigencia del RC-IVA, y llevan a que muchos, sobre todo los vendedores, acepten convivir con el riesgo de ser encarcelados.

Por ejemplo, los cinco comerciantes aprehendidos el año pasado en La Paz poseían en su poder facturas “clonadas” por un total de 1,8 millones de dólares. Tras el interrogatorio al que fueron sometidos, revelaron que llevaban de manera conjunta un mínimo de 300.000 dólares diarios de estas papeletas y que entre todos vendían el valor de entre 100.000 y 500.000 bolivianos, que al 1 por ciento significaban entre 1.000 y 5.000 bolivianos de ganancia, y eran trasladados a “su” imprenta para ser repartidos entre todos.

Las averiguaciones, subrayan las fuentes, determinaron que, del total ganado en cada mes, los hackers o “piratas informáticos” accederían al 25 por ciento de la torta, mientras que otro 40 por ciento recaería en los “mayoristas”, las imprentas se quedarían con el 30 por ciento, y el restante 5 por ciento sería para los vendedores, si éstos no hubiesen sido contratados con un salario fijo. Claro está que si los dueños de la imprenta también hacen de “mayoristas”, pueden abarcar hasta el 70 por ciento de la bolsa. Al respecto, Ardaya sólo se anima a comentar que los ingresos de estos grupos son cuantiosos, sin especificar porcentajes.

Pero los empleados que utilizan estas facturas también pueden ser sancionados por el Código Tributario, por evasión impositiva y daño al Estado, lo que implica el pago de multas. De acuerdo con las fuentes de Impuestos, la entidad realiza un seguimiento riguroso de los contribuyentes que ganan más de 7.000 bolivianos al mes. Si el Sistema Da Vinci descubre que alguno usó facturas fraguadas, ello es aceptado hasta dos veces, siendo la tercera objeto de sanción; aparte, se procede a la incorporación de una “mancha negra” en su expediente, lo que en el futuro puede perjudicarlo en el acceso a préstamos bancarios y trabajos en entidades públicas.

Entre abril y junio de este año, en un proyecto de control del RC-IVA realizado por el Servicio de Impuestos Nacionales a los “grandes contribuyentes” del sistema, se identificó a 125 empresas e instituciones del sector privado y público donde sus empleados dependientes presentaron facturas “clonadas” o falsificadas, o sea, fueron observadas. En total hubo 1.727 casos descubiertos y se logró la recaudación de más de 18 millones de bolivianos (más datos numéricos en la infografía que acompaña a esta página).

Según estimaciones oficiales, 90 por ciento de los empleados públicos y privados recurre a facturas fraguadas para sus descargos en el RC-IVA. Las constantes alertas del Da Vinci demuestran, sobre todo, una falta de “conciencia tributaria” en la ciudadanía, según Ardaya, quien sostiene que el daño de la utilización de estas facturas falsas, a escala macro, es la pérdida de ingresos del Estado y provoca una fractura en el financiamiento de proyectos de desarrollo. Por esto, se tomarán medidas extremas para lidiar con este flagelo.

Primero, Impuestos será más riguroso con las sanciones que recaen en los contribuyentes que presentan estas papeletas adulteradas. Además, éstos serán sometidos luego a un control más riguroso en sus descargos, sin dejar de lado la “revisión del impuesto ciego”, el cual revisa incluso la lógica de las compras, ya que una persona no puede gastar todo su sueldo mensual en la compra de cemento, material de construcción, créditos para celulares.

Otro punto es la implementación del Sistema Galileo en reemplazo del Da Vinci, que es más seguro y funciona como un sistema informático integral de control impositivo. A la par, permitirá que los contribuyentes tengan un acceso directo al procedimiento de facturación para controlar sus actividades dentro del sistema. El programa tiene un costo de más de 1,7 millones de dólares, que son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y entrará en vigor desde el siguiente año.

Y Santi adelanta que se prepara una campaña del “Ciudadano responsable” para que los contribuyentes reconozcan la diferencia de las facturas legales y las “truchas” o “clonadas” y hagan sus descargos impositivos de manera correcta. Como señala Ardaya, uno de los pilares es crear “conciencia tributaria” en los bolivianos. Asimismo, la presidenta del ente recaudador remarca que lo importante no es obtener un gran número en las recaudaciones anuales, sino establecer una cifra inamovible para el Estado, lo cual demuestre el cumplimiento del pago de impuestos de los habitantes.

En el caso que salió a la luz en agosto, en Santa Cruz, el que involucra al ex uniformado, Ardaya sentencia que su institución, a pesar de que no es su tarea, realizará una investigación conjunta con la Policía. La meta es arrasar con los clanes que lucran con las facturas fraguadas. Aquellas que son ofertadas por la zona Central de la ciudad de La Paz, por grupos de personas que “seducen” a los peatones con una palabra emitida en voz baja: “¿Facturas?”.

Las características de los dos sistemas de control

Da Vinci

Sistema computarizado creado por el Servicio de Impuestos Nacionales para los contribuyentes que así lo requieran, permite la emisión de facturas o notas fiscales. Según la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0016-07, se encuentra en vigencia desde el 18 de mayo de 2007. Está orientado a toda actividad económica, excepto para los emisores de facturas comerciales de exportación.

Para acceder a éste se debe tener un Código de Control generado a partir de información de la factura, que permite determinar su validez. Este código es registrado por Impuestos Nacionales y pasa por un proceso de certificación que verifica la correcta generación del mismo. El código es un dato alfanumérico generado e impreso por el sistema, sobre la base de la información dosificada de la factura, que contiene la transacción comercial y un dato denominado “llave” que se da a cada contribuyente al firmar la declaración jurada.


P.-S.

Fuente: La Prensa

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