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Un año y la crisis de los emails no tiene destinatario en ABC

Uno mas al saco del Olvido?

Sábado 31 de mayo de 2008, por Guido Rosales Uriona - GRU


Texto: Rafael Sagárnaga López

La Paz, 26 May (Erbol/El Nacional).- ¿Quiénes son “Alvarín”, “Cotapati”, “Paty”, “R. Saavedra”, “M. Estenssoro” o “Chicho”? Esa misión recibieron diversos investigadores desde hace ya prácticamente un año. En aquellos días un conjunto de sugestivos e-mails pasó del ciberespacio a recorrer impreso los principales escritorios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Los textos develaban un complejo juego de extorsiones y sobornos entre funcionarios de la caminera, misteriosos operadores y las empresas constructoras.

Escándalo completo, fortunas en disputa. Baste pensar que sólo uno de los emails, según reconoció luego la juez Betty Yañiques, ponía en juego 27,4 millones de bolivianos.

El caso desató en agosto dos semanas de agitación mediática y anuncios encendidos. La presidenta de la ABC, Patricia Ballivián Estenssoro, señaló que ella se puso a la cabeza de las pesquisas. Los funcionarios de la caminera pidieron públicamente la investigación de su vida privada. El Ministerio de obras convocó a una comisión especial. El fiscal Marco Antonio Vargas anunció la pronta citación de más funcionarios. Se iniciaron operativos. Y salvo un extraño silencio de los partidos opositores al Gobierno, los pronunciamientos y posturas sumaron desde encargos presidenciales hasta consejos del Defensor del Pueblo.

Finalmente llegó el anuncio esperado: el gerente general Roberto Arauz Núñez, fuente y destino de varios de los mensajes electrónicos, fue destituido. Se abrieron además procesos y se dispuso detención domiciliaria contra los funcionarios Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra. Sin embargo, en estos cada vez más lejanos días el caso parece languidecer y hasta haber sido olvidado en todas las instancias. Los imputados recuperaron su libertad y dos de ellos, se asegura, también su fuente laboral.

¿Qué decían los e-mails? Su contenido nunca fue publicado, hasta hoy. A la opinión pública sólo trascendieron algunas frases o nombres. La mayoría de los medios hizo eco de lo que las autoridades explicaban sobre los textos. Mientras que a los matutinos donde llegó alguno de los mensajes electrónicos les fue difícil interpretarlos. A un año del escándalo, El Nacional, con los e-mails en mano, buscó la “traducción” de la jerga caminera en fuentes ligadas al rubro. De manera llamativa, e-mail por e-mail, los mensajes coinciden con polémicos casos que cobija ABC.

¿Quién es Chicho? La pregunta surge de la primera parte del correo electrónico que el 16 de mayo de 2007 le envía Carlos Arteaga (carlos-artega@hotmail.com) a Roberto Arauz (rarauz@gawab.com). “Nuestro amigo Chicho –dice Arteaga que firma como “M”- me informa que sus planillas de reajuste de Tiquina y San Isidro están en tu escritorio para tu firma”. Luego de fraccionar cifras, “reajustes” y tramos concluye: “En resumen, se le pagará a Chicho 653.831 dólares, de los cuales nos corresponde alrededor de 26.000 millas acumuladas de nuestro trajecito talla 4”.

Las fuentes consultadas explicaron a El Nacional que “trajecito talla 4” alude al grupo y número de beneficiarios de un determinado monto. Aseguran que “26.000 millas acumuladas” implican esa cantidad de dólares en un fondo común. Mientras la identidad de “Chicho” coincide con el apodo del más reconocido ejecutivo de la empresa ICA Bolivia, Edgar “Chicho” Gutiérrez Mercado. Esta constructora es la actual ejecutora de los proyectos Tiquina-Copacabana y San Isidro-Epizana, citados en el correo electrónico. Trabaja en ambos contratos de obra pese a las gravísimas consideraciones que meses antes del e-mail tenía sobre ICA Bolivia la propia presidenta de la ABC.

En efecto, Patricia Ballivián presentó personalmente el 18 de mayo de 2006 una querella penal contra Edgar Gutiérrez. Acusó al empresario por alteración de documentos en la licitación de la carretera San José - Taperas– Roboré, una obra contratada en la gestión de José María Bakovic por cerca a 70 millones de dólares. La ejecutiva de ABC basó sus cargos en un proceso previo donde se documentaron los delitos de falsedad ideológica y estafa al Estado.

¿Quiénes son “Alvarín”, “R. Saavedra”, “Cotapati” y “M. Estenssoro”? La segunda parte del e-mail de “M” a Arauz habla de la poderosa influencia y nivel de decisión de estos cuatro, por ahora, ciberpersonajes. “La anterior semana –anuncia “M”- me visitó mi amigo R. Saavedra y el planteamiento/consulta es el siguiente: resulta que (según R.S.) nuestra amiga Cotapati, por recomendación de Alvarín, y gestión de M. Estenssoro, hizo invitar a la empresa de R. S. para dos tramos de emergencia por medio de L. Rosping de la regional La Paz”. Luego el remitente rubrica festivamente: “Me comenta que la operación fue ágil y limpia, salí por un tubo y de caballeros. Ahora están animados, además que tienen capacidad para participar en más proyectos solos y/o asociados”.

Un intérprete del e-mail recuerda que ABC asignó varios contratos por emergencias a cierta empresa que tiene como operador ejecutivo a un R. Saavedra. Dicha constructora trabaja tramos en el oriente y el norte del país. Sobre “Cotapati” invita a analizar quién tiene la autoridad suficiente en ABC y que sea mujer, como para invitar por excepción a una empresa a que trabaje proyectos de la caminera estatal. Mientras “Alvarín” llama a deducir qué autoridad posee la capacidad de recomendar por encima de ABC a empresas con carta ganadora.

En la misiva además se cita a otros operadores como “Sergio el bailador y el “Lic. Campos” para una nueva negociación con “R. Saavedra”. El texto menciona reiteradamente las frases “trajecito talla” o “millas acumuladas”. Al final el remitente, quien escribe desde Perú y negocia con “los chabucos”, se despide: “Brindaré a tu nombre con extensos Pisco Sour y variedad de amigos marinos dispuestos en formidables platos”.

Según las fuentes consultadas, “los Chavucos” identifican a alguna empresa peruana. Así mismo se asegura que “Sergio el bailador” y el “Lic. Campos” son dos funcionarios de contrataciones de la caminera.

Ese el primero de los e-mails, pero al menos seis más así como textos de comunicación chat forman el paquete del escándalo. Un segundo mensaje, remitido a Roberto Arauz por “M” el 3 de noviembre de 2006 dice: “Te envío algunas consideraciones técnicas IMPORTANTES para tu conocimiento. Te adelanto que creo haber llegado a un excelente acuerdo”. Luego “M”, que en este caso escribe desde el correo de Marcel Velasco (sicebolivia@entelnet.bo), añade una serie de especificaciones de contrato bajo el título “Datos a considerar”. Allí se detalla desde la cantidad de personal hasta los plazos de trabajo y una lista de seis empresas. En el punto 1 señala: “Es importante que las propuestas técnicas se revisen con cuidado para que exista diferencia en puntaje entre las mejores y las peores propuestas”.

En un correo electrónico del 15 de enero de 2007, titulado “Declaración Chiqui”, Arauz tiene cuadros contables de los certificados a cobrar por el entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) para las vías Cotapata-Santa Bárbara (empresa Concordia de Edwin Saavedra), Paraíso – El Tinto y San José- Taperas-Roboré, esta última ejecutada por el Consorcio ARG-Copesa-ICA. Copesa pertenece a los hermanos Milo y Andrés Petricevic, en tanto que ICA Bolivia está involucrada en los contratos Tiquina-Copacabana y San Isidro-Epizana, citados también en el anterior e-mail.

El 5 de febrero de 2007 un cuadro singular es transferido entre dos direcciones del ex gerente general de ABC (robertoarauzn@gmail.com a rarauz@gwab.com): “Roberto”, “Patty”, “Fonplata” y “Amado” tienen asignados porcentajes que suman un total de 27,4 millones de bolivianos. La distribución corresponde a la carretera Aguaíces – Colonia Piraí. A “Roberto” le corresponden 350 mil; a “Patty”, 200 mil; a “Fonplata” 75 mil y a “Amado”, 375 mil, para una vía con muchas menos millas que, por ejemplo, El Tinto- San José. ¿Quiénes son “Patty”, “Roberto” y el tan beneficiado “Amado”?.

Casualmente, Amado Rocabado fungió como funcionario de ABC y fue parte de varias Comisiones de Calificación designado en esas funciones por Patricia Ballivián o la autoridad que ésta designó para el efecto. ¿Por qué un cuarto receptor tiene el nombre de la entidad financiadora del proyecto? Tarea para los investigadores.

Sin duda, sólo una pequeña parte de la tarea encargada al Ministerio Público. “M” en sus mensajes comenta desde notas de crédito hasta diligencias en el Congreso. Los casos a los que aluden coinciden con las más duras polémicas que enfrentó ABC. Por ejemplo el tramo Puente Sacramento en el que no se le sancionó ni rescindió contrato a la empresa Alfa Sudamericana, pese a un evidente y denunciado incumplimiento.

No sólo e-mails. También los chats desatan una especie de ciberpuja en la que se intercala el nombre carreteras en licitación y empresas. “Tenía que impugnar a CONCORDIA, pero necesita 60 mil dólares; así que no creo que puedan…”, le dice “Dennis” a “Fernando”. Luego corren las cifras:

- “CONCORDIA metería 200 mil si lo ayudan y los cochalas parece que están en las mismas”.
- “hoy yo le daré 5.000 dólares”
- “…el Nano dice 150 mil”
- “Oye sácale a tu cuate pues 150 mil” En los intercambios de mensajes interceptados se comunican además “WAS” y “Alexandre”.

Investigaciones en fojas cero

Pese al contenido de los correos electrónicos y chats en las instituciones involucradas en el “caso e-mails”, no existen novedades sobre lo investigado. En ABC, los responsables de la Dirección de Comunicación explicaron reiteradamente que “el caso pasó a la Fiscalía”. Durante tres semanas no les fue posible brindar alguna documentación inherente al tema, incluida la del archivo de recortes de periódicos. “Está en proceso de empastado, mejor busque en el internet”, recomendaron en tono amable.

Tras una nueva gestión, para esta semana prometieron consultar a la gerente jurídica de ABC, Marleny Téllez, si podría acceder a alguna entrevista.

Más silencios. Este jueves, consultado por los medios tarijeños, el fiscal general Mario Uribe no informó nada sobre el retraso en el tema ABC-emails, pero abundó sobre las imputaciones a José María Bakovic. Mientras la fiscal Tania Alfaro, asignada al proceso en octubre de 2007 en reemplazo de Vargas, explicó que el caso “está en lo mismo”. Alfaro lamentó el recurrente cambio de investigadores que, asegura, frustra los avances. Hace un mes, le fue asignado uno nuevo. Por esa misma razón la autoridad no pudo mostrar a EL NACIONAL la documentación del caso e-mails. “El nuevo investigador la está estudiando, pero es muy lento”. Asimismo la autoridad comprometió para la próxima semana tener mayor información.

En el Viceministerio de Transparencia, órgano dedicado a los temas de corrupción, la consulta solicitada por EL NACIONAL hace tres semanas tampoco prosperó. La vice ministra Nardy Suxo pidió amablemente que se consulte con los responsables del área de comunicación. “Estamos preguntando a los abogados que tratan los temas de ABC, pero no tienen nada. Van a averiguar si en Santa Cruz hay algo”, explicaron los subalternos. En dicha dependencia prometieron resultados para la presente semana y lanzaron una frase de preocupación: “ABC pertenece al sistema integral anticorrupción, debería tener alguna información sobre el caso”.

En círculo de olvido y casi hermetismo se cerró en la esfera del Congreso. Ningún parlamentario opositor de los abocados usualmente al tema caminos tenía mayor información sobre los afamados e-mails. Fernando Barrientos de Podemos lo calificó como “un caso doméstico, yo manejo otros más fuertes”. Mientras su correligionario, el senador Luis Vásquez Villamor simplemente recordó la polémica de la asignación directa de la carretera Potosí – Uyuni en marzo de 2006 como parte de “lo que podría estar pasando en ABC”.

Una intriga, según Arauz

Consultado por El Nacional, Roberto Arauz Núñez calificó el caso como una intriga para forzar su salida de ABC. “Para mí fue una maldad de personas que no querían que siga en la institución”. El funcionario que centró el caso e-mails explicó que la remisión de los mensajes fue articulada. No son mails que haya escrito yo. Al extremo de que cuando quise constatar lo que decían, no tenía ni la contraseña de mi propio correo”.

¿Son “Alvarín”, “Cotapati”, “M. Estenssoro” y cibercompañía sólo parte de una disputa de cargos? Una de las fuentes consultadas asegura que el caso es menos inocente. “De inmediato se produjo un operativo especial en el que participó un grupo de inteligencia casi en lugar de la FELCC. El responsable era el investigador Salvatierra. Elaboró un informe de 87 páginas que fue presentado al Presidente de la República”, explica.

El testimonio coincide con algunas de “las fallas y vicios procedimentales” que permitieron la primera anulación del proceso contra los implicados en los correos electrónicos. Según consta en informes de la Fiscalía, el fiscal Marco Vargas ingresó a las oficinas de ABC sin solicitar una orden de allanamiento. Luego procedió a revisar los equipos electrónicos de tres personas (Arratia, Criáles y Zegarra) que no habían sido acusadas. En el operativo participaron agentes del CEIP (Centro de Inteligencia de la Policía).

Masistas temen a la sociedad perfecta

Al hablar sobre el caso e-mails, en la militancia masista próxima a ABC la desazón es manifiesta. El silencio y olvido del escándalo es interpretado como “un pacto entre el actual Gobierno y los partidos del sistema neoliberal”. Razones, recuerdos y documentos no les faltan. Al revisar los lazos políticos del sistema de funcionamiento de la Administradora Boliviana de Carreteras parece llegarse a la empresa de la integración perfecta. ABC sería en este sentido la primera organización corporativa del gobierno. Allí se entrecruzan apellidos de las, en términos presidenciales, “oligarquías” tanto andinas como orientales. Baste citar sólo como ejemplos a Saavedras, Gutiérrez, Ballivianes y Estenssoros.

No sólo eso, trabajan codo a codo representantes del MAS con otrora destacados militantes y dirigentes de partidos como el MIR, ADN, UCS y el MNR. Y claro, la relación entre Estado y empresas se hace funcional al eslogan “socias y no patronas”. En ese ámbito no se conocen problemas, menos de corrupción.

De extremo a extremo, la lista de personalidades guarda claros antecedentes políticos. Un registro de la Corte Nacional Electoral (CNE) muestra por ejemplo que la actual presidenta de ABC, Patricia Ballivián, perteneció a tres organizaciones. La primera es la indigenista, y cercana al MAS, MUSPA (Movimiento De Unidad Social y Patriótica). Una segunda agrupación en la que militó Ballivián es ASP (Alianza Social y Patriótica) más próxima al alcalde potosino René Joaquino. Finalmente la ejecutiva de ABC también se registró en las listas de Alianza Siglo XXI, agrupación ligada a Podemos. Sólo un problema afecta a su prolífica vida ideológica: Ballivián se inscribió a los tres frentes entre el 27 de marzo de 2004 y el 20 de septiembre de 2005.

La segunda mujer en el poder de la caminera estatal, la gerente jurídica Marleny Téllez tuvo una militancia algo más consecuente. Fue militante de Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Asesora de alta confianza del desaparecido Max Fernández, a quien varios gobiernos le cedieron el Servicio de Caminos como cuota de poder. Es más, en 1995 resultó elegida concejal ucesista por el municipio de Cochabamba. Pero su carrera política también presenta un problema: en 1997 el ente edil suspendió a Téllez. Una investigación acusó a la actual gerente de ABC de haber falsificado documentación para una costosa licencia médica y cobrada por dichos gastos. La Corte Suprema de Justicia la procesó por los delitos de falsificación ideológica y material, uso de instrumento falsificado y concusión.

Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido del ex dictador Hugo Banzer, también roza o toca los pasillos de ABC. De hecho, Roberto Arauz Núñez, quien fuera segundo ejecutivo de la institución durante casi 19 meses, es hijo de un alto dirigente adenista, Roberto Arauz Rea. Destacado dirigente beniano y hombre de alta confianza de Banzer, candidato a concejal y parlamentario. Es más, Arauz Rea fungió como vocal electoral de la Corte que en 1989 hizo virtualmente Presidente de la República a Jaime Paz Zamora. Pero al parecer Arauz hijo decidió marcar distancias. El año 2005 optó por inscribirse al mencionado frente indigenista MUSPA. Cobró tales bríos que un registro de la Corte Nacional establece que el ex gerente general de ABC se inscribió en tres oportunidades.

Y si de ADN se trata, el ejecutivo de la empresa ICA Bolivia, Edgar “Chicho” Gutiérrez tiene importantes credenciales. Durante la dictadura su empresa fue encargada de construir varias obras. Años después Banzer nombró a Gutiérrez embajador en España.

A la hora de hablar de empresas, varias de las que hoy trabajan tramos asignados por ABC pertenecen a ex dirigentes del desaparecido Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) o trabajaron con su gobierno. Entre éstas se cita a Convisa (ex Forti & León) e IASA. Es más, en una matemática coincidencia el grueso de los créditos para caminos proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Preside dicha entidad Enrique García quien fuera viceministro de Banzer en los 70 y jefe del gabinete económico del Gobierno mirista.

“Basta compañeros, es ahora o nunca que debemos acabar con este puñado de corruptos que hacen quedar mal al hermano Evo, quien hace esfuerzos por erradicar la corrupción. Debemos exigir la renuncia de Patricia Ballivián y su camarilla movimientista”, dice un comunicado emitido en ABC en julio de 2007. La carta lista a varios funcionarios, entre ellos un sobrino del ex ministro gonista Yerko Kukoc y dos hijos de ministros de Hugo Banzer.

“Pero ha preferido que sigan ellos, nos han botado a varios. Ojalá sepa con quienes se mete y lo que está haciendo”, dice un resignado funcionario. Entre risas, no se anima a responder quiénes pueden ser “Alvarín”, “Cotapati”, “R. Saavedra” y “M. Estenssoro”. Una respuesta que tal vez sea aclarada en el informe de 87 páginas que presentó el investigador Salvatierra.


P.-S.

Fuente: RED ERBOL

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